El organismo electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra del decreto publicado el 27 de diciembre de 2022.
Con esta controversia, el Instituto Nacional Electoral se suma a las acciones de inconstitucionalidad que anteriormente han presentado ante la Corte, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática.
El INE recordó que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismas que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata y desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, din poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones” se lee en el documento.
También se indicó que la reforma avalada por Morena y sus aliados permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, para ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía a recibir la información objetiva por parte del gobierno.
Esto significa una afectación en el modelo de comunicación social del organismo y la propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con esto se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.