La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el joven de 23 años y originario de Veracruz, José Eduardo Ravelo Echavarría, falleció a consecuencia de una neumonía el pasado 3 de agosto en Yucatán, negó que su muerte esté relacionada con tortura o por violación.
La madre del joven presentó una denuncia por tortura hacia su hijo el 18 de agosto de 2021, acusando que su hijo había fallecido tras haber recibido fuertes golpes y haber sido violado tras su detención en Yucatán por elementos de la policía local del estado.
Tras la denuncia se abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de tortura hacia el joven. En la investigación la Fiscalía recabó alrededor de 50 testimoniales, más de 35 informes de la Policía Federal Ministerial (PFM), 45 periciales en diversas materias y tres inspecciones ministeriales. Además, de grabaciones del momento de la detención y de todo el proceso que vivió hasta el momento en que llegó a la cárcel.
Detalló que se realizó una exhumación del cuerpo del joven para concluir la muerte del joven. “La exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención… A través de la mecánica de lesiones, se concluyó que las lesiones causadas a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida”, precisó el comunicado.
Reiteró que no hay pruebas para pensar que el José Eduardo haya muerto por tortura. “En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal, aseguró la Fiscalía.
Sin embargo, en la investigación detectaron una falsedad en los dictámenes ministeriales, “por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, detalló.
Por lo que la FGR aseguró que está en proceso una acción penal en contra de tres servidores públicos ante la falsedad de los dictámenes ministeriales.