Policías de Zacatecas captados consumiendo alcohol en instalaciones oficiales
La confianza en las instituciones de seguridad de Zacatecas vuelve a tambalearse tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a elementos de la Policía de Seguridad Vial consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones oficiales y en pleno horario laboral, la denuncia fue realizada por el abogado César Gutiérrez Priego, quien acompañó las imágenes con un mensaje contundente sobre la falta de disciplina y supervisión dentro de la corporación.
El señalamiento no se limita a la conducta de los agentes, sino que advierte sobre las consecuencias directas para la ciudadanía tras ingerir alcohol, los oficiales salen a las calles a realizar infracciones que, según el denunciante, se convierten en actos de extorsión, la acusación pone en evidencia un problema estructural que va más allá de un episodio aislado y que refleja la crisis institucional que atraviesa la seguridad pública en el estado.
La publicación generó una ola de reacciones en plataformas digitales, usuarios cuestionaron la credibilidad de las corporaciones policiales y la ausencia de sanciones visibles ante conductas que ponen en riesgo la integridad de los zacatecanos, algunos internautas señalaron que este tipo de actos refuerzan la percepción de corrupción y valemadrismo dentro de la policía, mientras otros exigieron la intervención de instancias superiores para garantizar disciplina y transparencia.
El consumo de alcohol por parte de policías en servicio no es un tema menor, además de contravenir los reglamentos internos, expone a la ciudadanía a riesgos graves agentes bajo los efectos del alcohol pueden tomar decisiones erráticas, abusar de su autoridad o incluso provocar accidentes, en un estado marcado por la violencia y la inseguridad, este tipo de episodios profundizan la desconfianza social hacia las instituciones encargadas de proteger a la población.
Hasta el momento, no se ha informado de sanciones oficiales contra los agentes involucrados, la presión pública recae ahora en las autoridades estatales, particularmente en el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y en el gobernador David Monreal Ávila, quienes deberán decidir si actúan con firmeza o permiten que el caso se diluya en la rutina de la impunidad.
