Debido a que recientemente se dio a conocer que hay una investigación por parte del poder judicial en contra del ex ministro, presidente, de la suprema corte de justicia, Arturo Zaldívar, la asociación de magistrados de circuito y jueces del distrito del poder judicial de la Federación, ha expresado su completo respaldo a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández.
Asimismo, rechazó que haya algún intento de vincular su obligación de someter investigaciones administrativas, las denuncias que son de su conocimiento por probables, actos irregulares, como parte de la estrategia que pueda influir en el proceso electoral y actuar contra una candidata en específico.
El organismo retiró la importancia del juicio político como instrumento constitucional para hacer efectivas diversas sanciones a servidores públicos en casos específicos. Aunque, constantemente su uso ha sido para intimidar a las y los juzgadores.
“En este entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: espacios a actos probables, de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes” se lee en el comunicado.
Reiteró el compromiso de todos los servidores públicos que pertenecen a la carrera judicial con la rectitud en su actuar conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal y la responsabilidad de acción u omisión, por quejas y denuncias que se presenten en su contra.
La Jufed, aclaró que no es anormal, que se presenten quejas y denuncias en contra de los juzgadores ante el CJF y que alguna de las partes considere que no hubo una actuación conforme a algunos parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso.
El asunto es que en los últimos años, el número de quejas presentadas en contra de los juzgadores, al haber resuelto a favor de los derechos humanos, y en contra de las autoridades federales, ha tenido un crecimiento exponencial, sumado a la mediatización que ha puesto en riesgo la seguridad e integridad de los servidores públicos y sus familias.
Por último, refrendó el compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia