El gobierno federal ha publicado la segunda parte del llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene los cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos, destituye al secretario ejecutivo y tiene nuevas reglas para los partidos políticos.
Este plan modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aparte de que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los Consejeros Electorales consideran estas modificaciones como un peligro para los procesos electorales ya que se prohíbe a los candidatos, aspirantes y partidos la entrega o promesa de despensas, tinacos, láminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes juguetes, cubetas, utensilios de cocina y útiles escolares, ya que se presumirá como indicio de “presión al elector para obtener su voto”
Se ajusta el salario de los consejeros del INE, se establece que el INE no podrá destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la creación u operación de fideicomisos, no habrá derecho a contratación de seguro de gastos médicos mayores, de separación individualizada ni esquemas similares de contratación.
Quien esté al frente de la Secretaría Ejecutiva durará en el cargo seis años y podrá ser reelecto por una única ocasión por tres años, cuando actualmente es por seis años más. En los artículos transitorios se establece la destitución de la actual persona que ocupa este cargo: Edmundo Jacobo Molina, quien en los últimos 14 años se ha desempeñado en ese puesto.
Se desaparece a la estructura permanente subdelegacional y reduce el Servicio Profesional Electoral, lo que el organismo electoral ha explicado es que se tendrá que despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera.
Se reducen los tiempos de capacitación a quienes sean funcionarios de casilla, ya que se movieron las fechas de inicio de los procesos electorales federales, ahora serán en la tercera semana del mes de noviembre previo a la elección y no en septiembre.
Las votaciones de los mexicanos en el extranjero estarán bajo la coordinación del INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La autoridad electoral ya no intervendrá en la elección de los candidatos de cada partido, no habrá retenciones ni reducciones o retenciones de más del 25% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda a los partidos políticos por sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos. Podrán conservar el dinero público y privado que no se gaste al año para utilizarlo posteriormente en una elección federal o local.
Se eliminan las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ajusta el salario de los magistrados, porque no se puede justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para ganar más que el presidente.