Este jueves se rindió un informe sobre lo ocurrido hace ocho años con el objetivo de esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.
El informe expresa que fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber implementado alguna acción incluso cuando uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil.
La hipótesis de que el tráfico de heroína en la zona es una de las razones de este crimen, se puso en la mesa de nuevo.
Alejandro Encinas confirmó que no hay indicios de que los jóvenes sigan con vida y aunque el gobierno mexicano ha ofrecido un acuerdo al más alto ex funcionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia y poder esclarecer los hechos, Tomas Zerón.
Los miles de nuevos documentos analizados confirman que se trató de un crimen de Estado que fue organizado desde el más alto nivel del gobierno, mismo que alteró las escenas del crimen y ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, así como la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia, en la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Gobernación dijo que el ejército falló por acción, omisión, o negligencia. Esto porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de la situación y no activaron los protocolos necesarios.